La diputada Marcela Pagano y su pareja, el abogado Franco Bindi, acumularon un nuevo rechazo judicial en la causa que investiga los audios vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal les denegó el recurso extraordinario que habían presentado para acceder al expediente y figurar formalmente como imputados.
La resolución fue firmada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, y convalidó los rechazos previos de la primera instancia y la Cámara Federal. Con este fallo, la dupla Pagano-Bindi queda definitivamente fuera del expediente, al menos por esta vía.
Qué buscaban y por qué les negaron el acceso
La estrategia de la pareja fue inusual: solicitaron ser reconocidos como imputados para poder designar un abogado defensor y acceder así al contenido del expediente. Sin embargo, al no estar formalmente acusados en la causa, los tribunales les negaron ese acceso en todas las instancias.
El caso se inició el 1 de septiembre de 2025 a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad que alertó sobre la filtración de audios grabados en ámbitos de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei, y en el Congreso, con referencias al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. El fiscal interviniente es Carlos Stornelli.
De qué trata la causa original
La investigación madre tiene como eje las compras de medicamentos para personas con discapacidad con supuestos sobreprecios y de manera cartelizada. Por esa maniobra está procesado el exdirector de Andis Diego Spagnuolo.
El escándalo estalló cuando se filtraron grabaciones atribuidas a Spagnuolo en las que supuestamente admitía el cobro de coimas. El Gobierno apuntó de inmediato a Pagano y a Bindi como los responsables de la filtración de esos audios.
El alcance de la denuncia del Ministerio de Seguridad
Según la presentación que dio inicio a la causa paralela —la que investiga las grabaciones clandestinas—, los hechos denunciados consistirían en la producción, manipulación y difusión sistemática de audios atribuidos a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. La maniobra podría encuadrar en una violación de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.
La denuncia sostiene que el objetivo era influir ilegítimamente en la opinión pública, generar alarma y desinformación, afectar los indicadores económicos y condicionar el resultado de las elecciones legislativas de 2025.
Con la resolución de Casación, Pagano y Bindi permanecen formalmente fuera del expediente. La puerta judicial, por ahora, les sigue cerrada.
