La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York emitió hoy un fallo unánime que revocó por completo la condena contra Argentina por la expropiación de YPF.
El país se libera así de una deuda que rondaba los USD 18.000 millones. El presidente Javier Milei lo calificó como "el mayor logro jurídico de la historia nacional".
El fallo destruye la mayor sentencia jamás dictada contra un Estado soberano en tribunales de los Estados Unidos. Y llega apenas nueve días después de que la misma Cámara suspendiera todas las actuaciones del proceso, en una secuencia judicial vertiginosa.
El desenlace fue devastador para el fondo de litigios Burford Capital: sus acciones se derrumbaron más de un 43% en Wall Street.
YPF Argentina: Qué decidió el tribunal y por qué
Los jueces Chin, Cabranes y Robinson revocaron la sentencia de la jueza Loretta Preska, que en 2023 había condenado a Argentina a pagar USD 16.100 millones por YPF.
La condena incluía USD 8.430 millones en daños y USD 7.670 millones en intereses, con una acumulación de USD 2 millones diarios que llevó el total a cerca de USD 18.000 millones.
El tribunal determinó que los reclamos de los accionistas minoritarios no son admisibles bajo el derecho argentino y que los restantes carecen de fundamento. La razón central: la jueza Preska había interpretado de manera incorrecta la ley argentina, tanto en materia societaria como administrativa.
No fue una sorpresa total. En la audiencia oral del 29 de octubre de 2025, el propio juez Denny Chin ya había anticipado el clima del tribunal con una frase contundente: "Da la sensación de que esto debería haberse tratado en Argentina". Noventa y seis minutos de audiencia que sellaron el destino del caso.
La Cámara también confirmó que YPF quedó correctamente exonerada de toda responsabilidad. Devolvió el expediente al tribunal inferior para procedimientos adicionales, pero la sustancia del litigio quedó resuelta: Argentina no debe pagar nada.
La historia que llevó a este punto
Todo empezó en abril de 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% de YPF, que hasta entonces estaba en manos de Repsol. El estatuto de YPF —registrado ante la SEC cuando la empresa salió a cotizar en el NYSE en 1993— era claro: cualquier adquirente de más del 15% de las acciones debía lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para todos los accionistas.
El entonces viceministro de Economía y designado interventor de YPF, Axel Kicillof, se negó a cumplirlo. Su justificación ante el Congreso quedó para la historia: "Tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF". Esa decisión le costaría al país más de una década de litigio internacional y la amenaza constante de un embargo sobre sus activos soberanos.
Los más perjudicados fueron las empresas Petersen de la familia Eskenazi, que en 2008 habían comprado el 25% de YPF a Repsol por unos USD 3.300 millones, financiados con créditos europeos que debían pagarse con los dividendos de YPF. Al suspenderse los dividendos tras la expropiación, Petersen colapsó. Quebró en julio de 2012. Ese mismo año, Argentina indemnizó a Repsol con USD 5.000 millones en bonos. A los accionistas minoritarios no les pagó nada.
En marzo de 2015, el síndico de la quiebra de Petersen vendió los derechos de litigio a Burford Capital —el mayor fondo de financiamiento de litigios del mundo— por apenas 15 millones de euros. Una apuesta especulativa de bajo costo que, con el tiempo, se transformó en el caso más grande del portafolio de la empresa. Burford acordó quedarse con el 70% de la eventual indemnización de Petersen y el 75% de la de Eton Park Capital Management, otro fondo demandante. También vendió participaciones a terceros por USD 236 millones y gastó unos USD 50 millones en honorarios legales.
Nueve días que cambiaron todo
La recta final del caso se vivió a un ritmo inusual. El 6 de marzo de 2026, el flamante procurador del Tesoro Sebastián Amerio presentó una moción de emergencia ante la Cámara. Pedía la suspensión inmediata de todas las actuaciones del proceso de primera instancia: el agresivo discovery impulsado por Burford, las sanciones solicitadas y una audiencia probatoria programada para abril. Amerio acusó a los demandantes de haber convertido el proceso "en un circo".
Desde Washington llegó un apoyo que terminó siendo decisivo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo la administración Trump y la fiscal general Pam Bondi, presentó dos escritos respaldando a Argentina. El primero, de 29 páginas, rechazó el pedido de desacato de Burford. El segundo, del 14 de marzo, calificó el discovery como "excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad".
El 18 de marzo, la Cámara le dio la razón a Argentina y suspendió todas las actuaciones: el discovery, la moción de desacato, las audiencias y la controvertida orden de Preska de transferir el 51% de las acciones de YPF —valuadas en unos USD 6.000 millones— a una cuenta del Bank of New York Mellon. No era la primera vez: en julio de 2025, la misma Cámara ya había frenado una orden similar de Preska que daba apenas 14 días para ejecutar la transferencia.
Nueve días después, el 27 de marzo, llegó el fallo definitivo. Argentina respira por YPF.
La estrategia del gobierno: nunca negociar
La respuesta del gobierno fue inmediata. Milei publicó en X: "La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible, y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia. Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18.000 millones".
En un acto posterior, el Presidente fue directo respecto al origen del problema: "Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Kirchner".
El ministro de Economía Luis Caputo reveló la clave de la victoria: "Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement y jamás les dimos cabida. Tremendo trabajo del equipo legal". El rechazo absoluto a negociar fue una decisión de Estado. Gerardo Mato, CEO de BluePearl Capital, contratado por Burford para facilitar un acuerdo, reconoció públicamente que no logró una sola reunión con funcionarios argentinos durante toda la gestión Milei.
El ministro Federico Sturzenegger celebró que "ganaron funcionarios que cobran 1.000 dólares por mes contra los estudios de abogados más importantes del mundo". La defensa estuvo liderada por la Procuración del Tesoro, con los abogados Juan Stampalija y Julio Pablo Comadira como artífices de la estrategia técnica.
El derrumbe de Burford y lo que se viene
El castigo del mercado fue fulminante. Las acciones de Burford Capital cayeron más de un 43% en cuestión de horas, con múltiples suspensiones por volatilidad extrema. Su capitalización de mercado se redujo a unos USD 809 millones, contra los USD 3.500 millones que valía en septiembre de 2023, cuando festejaba el fallo de primera instancia. Las acciones de YPF Argentina, en cambio, subieron un 3% al mediodía.
Burford aún puede presentar un pedido de rehearing ante la Cámara y, si es rechazado, recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos en un plazo de 90 días. Pero los especialistas lo consideran improbable: el fallo se basó en la interpretación del derecho argentino, un terreno en el que el máximo tribunal norteamericano rara vez interviene.
Para la Argentina, las implicancias son profundas. El fallo elimina la amenaza de embargo sobre las acciones del 51% de YPF Argentina, las reservas de oro del Banco Central y otros activos soberanos en el exterior. Abre el camino hacia los mercados internacionales de deuda y despeja el horizonte para la inversión extranjera, sobre todo en el desarrollo de Vaca Muerta. Los USD 18.000 millones en juego equivalían al préstamo del FMI de 2024: esa es la magnitud de lo que se evitó.
Un capítulo de 14 años que comenzó con una decisión política de ignorar el estatuto de YPF llega a su fin. La paradoja es notable: Argentina ganó en tribunales extranjeros porque su propio marco legal no habilitaba la vía de reclamo que los demandantes eligieron. El kirchnerismo creó el problema. El gobierno de La Libertad Avanza lo resolvió sin ceder un centímetro.
