El Ministerio de Seguridad Nacional dio un paso concreto para cortar las comunicaciones ilegales que operan desde el interior de los establecimientos penitenciarios federales. A través de la Resolución 336/2026, firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva y publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno habilitó la instalación de sistemas de detección y bloqueo de teléfonos celulares en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal.
La medida apunta a uno de los flancos más críticos del sistema carcelario: el uso de dispositivos móviles para planificar delitos, extorsiones y actividades criminales organizadas desde el encierro.
Qué establece la Resolución 336/2026
El núcleo de la normativa es la autorización para instalar tecnología de bloqueo de códigos IMEI e IMSI, herramientas que permiten identificar y neutralizar la operatividad de cualquier celular dentro de los penales. El objetivo es impedir que los internos utilicen estos dispositivos para coordinar maniobras delictivas con el exterior.
La resolución se apoya en la Ley 24.660, que regula el régimen penitenciario. Esa norma garantiza el derecho de los detenidos a mantener contacto con el exterior, pero prohíbe expresamente el uso de equipos móviles no autorizados. Desde el Ministerio de Seguridad se remarcó la necesidad de reforzar los controles ante el uso creciente de tecnología en operaciones criminales organizadas desde los penales.
Quién implementa la medida y cómo
La resolución instruye a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información para llevar adelante el proceso de adquisición, instalación y supervisión de los equipos. Además, fija la obligación de realizar los ajustes técnicos necesarios para evitar que los bloqueos de señal impacten en zonas externas a los establecimientos, un punto que en experiencias anteriores generó controversias.
La normativa también aprueba un manual de procedimiento específico que estandariza los lineamientos operativos para la detección y bloqueo de dispositivos en todas las unidades federales.
Antecedentes y vigencia inmediata
La medida se enlaza con una resolución conjunta firmada en 2019 junto al Ente Nacional de Comunicaciones, que ya había habilitado el uso de inhibidores de señal en contextos de seguridad. La nueva resolución profundiza ese marco y entra en vigencia de forma inmediata.
El argumento oficial es claro: el Estado busca "prevenir, disuadir y neutralizar" conductas delictivas que se gestan intramuros, para que el sistema penitenciario cumpla su función y no opere como base logística del crimen organizado.
