El Gobierno nacional presentó este miércoles en el Senado un proyecto de ley de reforma electoral. El documento, de 79 artículos, modifica normas sobre partidos políticos, financiamiento y procesos electorales. El objetivo central es reducir el gasto público, ampliar la autonomía de las fuerzas políticas y endurecer los controles contra la corrupción.
Javier Milei anunció la iniciativa desde Israel y la justificó como un corte con "la casta" que, según el presidente, vive del dinero de los contribuyentes. El Ejecutivo eligió el Senado como cámara de origen para negociar con los gobernadores, que son los más interesados en los cambios dado que podrían afectar sus propias reelecciones.
Se eliminan las PASO
El proyecto suprime las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias a nivel nacional. Los partidos deberán organizar y financiar sus internas sin fondos públicos. De esta forma, los argentinos dejarán de costear las elecciones internas de las agrupaciones políticas.
Ficha Limpia y nuevas exigencias para candidatos
El texto incorpora la Ficha Limpia: quienes tengan condena en segunda instancia por delitos dolosos, violaciones graves a los derechos humanos o crímenes de guerra quedarán inhabilitados para ser candidatos o autoridades partidarias.
Además, se exigen avales ciudadanos para presentar listas, se prohíbe la doble postulación y se impone paridad de género con alternancia de varones y mujeres en las nóminas.
Requisitos más duros para los partidos
Se modifican las exigencias para crear y mantener la personería jurídica. Los partidos de distrito necesitarán afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón (con un tope de dos millones de electores). Los nacionales deberán tener presencia en diez distritos y un piso del 0,1% del padrón nacional. También se endurece la caducidad: no alcanzar el 3% de los votos en dos elecciones nacionales sucesivas implicará la pérdida de la personería.
Nuevas reglas de financiamiento
Se prohíben donaciones anónimas y aportes de empresas concesionarias del Estado, sindicatos, extranjeros o personas procesadas o condenadas. Los fondos públicos se distribuirán con un 20% igualitario entre todos los partidos reconocidos y un 80% proporcional a los votos obtenidos en la última elección de diputados, para quienes superen el 1%. Al menos el 10% de los fondos debe destinarse a capacitación e investigación. Todo movimiento financiero deberá canalizarse por una única cuenta bancaria por distrito, con rendición detallada de gastos, incluyendo publicidad en redes sociales.
Boleta única y otras medidas
El proyecto establece la boleta única de papel obligatoria para todos los cargos nacionales. La campaña electoral se limita a 60 días y se prohíben actos oficiales que puedan influir en el votante durante los 25 días previos a la elección. Los debates presidenciales dejan de ser obligatorios. También se suspende la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta que exista una fecha electoral común en todo el bloque.
Los partidos ya existentes tendrán plazo hasta el 30 de junio para adecuarse a los nuevos requisitos de personería.