El Gobierno nacional prepara un conjunto de medidas para transformar el mercado inmobiliario argentino. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, confirmó que el paquete legislativo llegará al Congreso en junio con el objetivo de reducir costos en las operaciones de compraventa y ampliar la competencia en el sector.
Qué anunció Sturzenegger
El funcionario realizó el anuncio durante el evento "Real estate 2026: expectativas y realidad", organizado por Reporte Inmobiliario. Allí fue directo al señalar el foco del proyecto: atacar las regulaciones que, según su visión, encarecen artificialmente las transacciones y limitan el ingreso de nuevos actores al mercado.
"Que un Colegio Profesional ponga un precio mínimo es una aberración social", sostuvo el ministro. En esa línea, cuestionó la imposición de honorarios mínimos, la obligatoriedad de matriculación y las barreras de entrada que restringen la competencia.
"El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado", planteó Sturzenegger. Y agregó: "Si un profesional quiere cobrar menos, no debería haber una norma que lo impida".
Los puntos centrales del proyecto
El paquete incluirá cambios específicos sobre el corretaje y otras actividades reguladas dentro del sector inmobiliario. El Gobierno apuesta a que una mayor apertura derive en precios más accesibles para los compradores y en mejores condiciones de servicio.
Sin embargo, Sturzenegger reconoció que el proceso no es sencillo. Muchas de las regulaciones vigentes tienen carácter jurisdiccional y dependen de cada provincia, lo que en algunos casos implicaría reformas constitucionales para avanzar.
Las resistencias del sector
El proyecto no llega sin tensiones. Referentes del mercado inmobiliario advierten que una flexibilización excesiva podría generar incertidumbre jurídica en las operaciones y debilitar el rol de los profesionales que intervienen en el proceso de compraventa.
A eso se suman dudas sobre el impacto real en los precios. Mientras el Gobierno confía en que más competencia derivará en costos más bajos, algunos especialistas señalan que, sin cambios estructurales en la economía, esa reducción no necesariamente se trasladará al valor final de las propiedades.
El debate quedó abierto. En junio, cuando el Ejecutivo presente el proyecto ante el Congreso, comenzará a definirse hasta dónde llega la desregulación y qué resistencias deberá enfrentar en el camino legislativo.
