Bolivia atraviesa su cuarta semana consecutiva de protestas. El presidente Rodrigo Paz anunció que reducirá a la mitad su salario y el de todos sus ministros como gesto ante la creciente presión social. Sin embargo, los líderes de las movilizaciones aseguraron que la medida es insuficiente.
El salario presidencial, fijado por decreto en 2024, ronda los 24.000 bolivianos —unos 3.448 dólares—, y no figura entre las demandas centrales de quienes protestan.
El anuncio desde Sucre
Desde la sede de gobierno, Paz lo dijo con claridad: "Este presidente ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario en 50%". El gesto fue recibido como simbólico por las organizaciones movilizadas.
Las demandas que sí están sobre la mesa incluyen aumentos salariales, el repudio a las políticas económicas del Gobierno y la denuncia por la distribución de combustible de calidad dudosa que, según los manifestantes, dañó miles de vehículos.
Bloqueos, marchas y desabastecimiento
Las organizaciones que encabezan las movilizaciones —campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana y seguidores del expresidente Evo Morales— volvieron a marchar desde El Alto hacia el centro de La Paz. La plaza Murillo y las sedes del Ejecutivo y el Legislativo permanecen custodiadas por fuerzas antidisturbios. Se registró uso de gases para dispersar grupos que intentaron ingresar.
El conflicto acumula medio centenar de bloqueos en todo el país. Los cortes de ruta complican el abastecimiento de alimentos y medicamentos. En La Paz, sindicatos del transporte se sumaron a las protestas por la escasez de combustible, y manifestantes bloquearon accesos al Aeropuerto de El Alto, afectando vuelos y el envío de encomiendas.
En las calles, la consigna era uniforme: "¿Qué queremos? ¡Que renuncie! ¿Cuándo? ¡Ahora!"
La postura del Gobierno
Paz fue firme en su respuesta. "Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar", señaló, y agregó: "Una minoría no nos puede gobernar, una minoría no nos puede abusar". También advirtió que no dialogará con quienes no están dispuestos a hacerlo.
El Gobierno atribuye la movilización a una maniobra política y apuntó al líder cocalero Evo Morales —quien enfrenta una causa judicial— como uno de los impulsores de las protestas. Morales reclamó públicamente la convocatoria a elecciones en un plazo de 90 días.
Estados Unidos y otros aliados internacionales expresaron su respaldo a la institucionalidad democrática boliviana.
