Manuel Adorni presentó su declaración jurada patrimonial y salió a dar la cara ante la opinión pública. En una entrevista en LN+, el jefe de Gabinete explicó que parte importante de su patrimonio proviene de inversiones personales en Bitcoin, realizadas entre 2013 y 2018, mucho antes de asumir cualquier cargo público.
Según detalló, junto a su esposa Bettina Angeletti invirtieron alrededor de 200.000 dólares y obtuvieron ganancias de aproximadamente 300.000 dólares, acumulando una suma cercana a los 513.000 dólares. Las operaciones, sostuvo, pueden verificarse a través de las billeteras digitales utilizadas en aquel período.
Antes de la función pública
Adorni fue claro: nunca ocupó un cargo estatal hasta el 10 de diciembre de 2023. Su trayectoria patrimonial es, por tanto, la de un ciudadano privado que tomó decisiones de inversión propias, en un país donde el dólar y las criptomonedas fueron históricamente refugios ante la inestabilidad económica.
"No soy un chorro", afirmó sin vueltas. La frase resume la postura del funcionario: transparencia, explicaciones documentadas y confianza en que la Justicia respaldará su versión.
El contexto: la Ley de Inocencia Fiscal
Adorni y su esposa se adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias, incorporado en la Ley de Inocencia Fiscal. Desde su entorno aclararon que no se trató de ningún blanqueo de capitales, sino de una herramienta legal para ordenar su situación tributaria, disponible para cualquier ciudadano argentino.
La causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, seguirá su curso. Pero el propio funcionario confía en que la documentación aportada será suficiente para acreditar el origen legítimo de su patrimonio.
Respaldo oficial y oposición política
El presidente Javier Milei amplificó mensajes de apoyo a Adorni, mientras referentes del oficialismo consideraron que las explicaciones fueron claras y suficientes.
Del otro lado, la oposición aprovechó la coyuntura para intentar instalar una narrativa que, hasta ahora, carece de pruebas concretas. El diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, presentó un proyecto para excluir a funcionarios del régimen fiscal, pese a que la ley no discrimina entre ciudadanos. Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro repitió cuestionamientos que ya había formulado durante el debate parlamentario, sin aportar elementos nuevos.
También hubo críticas desde dentro del propio espacio. La vicepresidenta Victoria Villarruel calificó de "vergüenza" las explicaciones del jefe de Gabinete, profundizando una grieta interna que ya no puede disimularse.
La pelota, en la cancha de la Justicia
Con la declaración jurada presentada y las explicaciones sobre la mesa, la discusión política empieza a perder sustento. Adorni confía en la Justicia y el Gobierno mantiene su respaldo. Lo que la oposición no pudo resolver en el debate público, ahora deberá probarlo ante un juez.
