El diputado nacional Gerardo Huesen, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, emitió este lunes un comunicado oficial para desmentir afirmaciones de la oposición y explicar el alcance real de los cambios en la política nacional de discapacidad.
Huesen rechazó que el Gobierno haya "cerrado" la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y precisó que lo que se lleva adelante es una reorganización institucional, con la continuidad de prestaciones bajo la órbita del Ministerio de Salud, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS).
Un sistema con problemas heredados
Según el comunicado, la gestión recibió un sistema con 19.570 expedientes frenados al inicio y un ingreso mensual estimado de entre 4.000 y 4.500 expedientes de facturación vinculados a centros de día, transporte y otros prestadores.
El diputado señaló que el sistema de discapacidad moviliza aproximadamente 5,1 billones de pesos anuales, con un peso significativo de las pensiones dentro del presupuesto sanitario. Frente a esa magnitud, afirmó que el sistema no puede seguir funcionando con "lógica artesanal, expedientes dormidos, convenios vencidos y compras sin trazabilidad".
Qué propone el Proyecto 109/2026
Huesen también se refirió al Proyecto de Ley 109/2026, presentado por el Ejecutivo, y lo describió como una herramienta de ordenamiento y sostenibilidad del sistema de pensiones por invalidez laboral.
El texto apunta a prevenir y sancionar el fraude, auditar y reempadronar beneficiarios, asegurar financiamiento sostenible y fortalecer la responsabilidad federal en la gestión. El diputado contextualizó el proyecto con un dato de fondo: entre 2003 y 2023, las pensiones no contributivas por invalidez pasaron de 76.000 a aproximadamente 1.200.000, un crecimiento de más de quince veces.
Auditorías y prestadores
Sobre las auditorías, el legislador fue claro: serán citadas las personas con Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, excluyendo a menores y a quienes ya fueron auditados en 2024. "Auditar no es atacar a las personas con discapacidad, sino cuidar el sistema", afirmó.
En cuanto a los prestadores, informó que durante 2025 se aplicaron aumentos del nomenclador de entre el 29% y el 35%, y que en febrero de 2026 se dispuso la actualización mensual automática según el IPC para dar mayor previsibilidad al sistema de pagos.
La postura de La Libertad Avanza
Desde el bloque oficialista, Huesen subrayó que defender derechos "no es multiplicar discursos, sino construir soluciones reales, responsables y posibles". Comprometió el acompañamiento a toda herramienta que mejore la vida de las personas con discapacidad y el rechazo a cualquier intento de volver al descontrol anterior.
