La Cámara de Apelaciones de Nueva York anuló el 27 de marzo de 2026 la sentencia que obligaba al Estado argentino a pagar una cifra equivalente al 45% de su presupuesto anual. Detrás del resultado hay una historia de una década, un fondo de inversión británico, reservas de oro en la mira y una diplomacia que cambió de signo con la llegada de Milei.
Todo empezó en 2012: la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió expropiar el paquete accionario controlante de YPF en manos de Repsol, argumentando que la empresa no producía suficiente petróleo y gas para satisfacer la demanda interna. La decisión, concretada en una ley de expropiación, produjo una compleja situación técnico-jurídica que luego sería aprovechada por Burford: el gobierno de entonces dejó de lado que el estatuto de YPF preveía la operatividad de la denominada “oferta pública de adquisición de acciones” u OPA, que no se llevó a cabo, porque la voluntad estatal de expropiación, al materializarse en una ley, tenía preeminencia sobre el estatuto societario y se limitó al 51% que era el paquete de control y no incluía tenencias de accionistas minoritarios, como Burford alegó que exigía el estatuto de la empresa.
Esa especial situación jurídica, que no fue suficientemente explicitada en la ley de expropiación, fue la excusa con la que años más tarde intentaría ganar dinero un fondo de riesgo, que inició uno de los litigios más costosos de la historia argentina.
Entre los accionistas minoritarios que quedaron al margen de la expropiación estaba el llamado Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que poseía el 25,46% de las acciones. El grupo tenía un problema especial: había comprado esa participación sin poner un centavo, a través de un crédito que confiaba podría repagar con los dividendos de YPF, que el mismo grupo aprobaría en las asambleas de YPF. Cuando la empresa fue expropiada y el Grupo Petersen no pudo aprobarse más dividendos a sí mismo, se le interrumpió ese ingreso y el grupo quebró.
Ahí entró en escena Burford Capital, un fondo de litigio con sede en el Reino Unido especializado en comprar derechos litigiosos de empresas en dificultades. Por apenas 15 millones de euros, adquirió los supuestos derechos de reclamación de las empresas quebradas del Grupo Petersen, a cambio del 70% de cualquier eventual indemnización. También financió la demanda del fondo Eton Park Capital Management.
En 2015, Burford presentó la demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. El argumento era simple pero poderoso: el gobierno argentino había incumplido el estatuto de YPF al no realizar la OPA. El escenario estaba montado para un juicio que, durante años, parecía destinado a terminar muy mal para Argentina.
El golpe llegó en 2023. La jueza federal Loretta Preska falló a favor de los demandantes y condenó a Argentina a pagar más de USD 16.100 millones, cifra que con intereses trepaba a los USD 18.000 millones (equivalente al 45% del presupuesto nacional). La sentencia era devastadora: en términos concretos, representaba el total de los intereses que Argentina debe pagarle al FMI durante los próximos cuatro años.
Argentina apeló la condena, pero no depositó la garantía económica requerida, el denominado “supersedeas bond”, usualmente fijada en torno al monto total de la sentencia, estimado en unos USD 16.100 millones. En el sistema judicial estadounidense, esto tiene una consecuencia
relevante: aun cuando la sentencia esté apelada, si no se constituye esa garantía, el acreedor puede avanzar en su ejecución. En ese marco, se habilita el denominado “discovery”, una etapa procesal que obliga al deudor a revelar información detallada sobre sus activos con el fin de facilitar el eventual cumplimiento del fallo.
Así, el 11 de enero de 2024, el tribunal autorizó a Burford Capital a iniciar el discovery sobre activos del Estado argentino potencialmente embargables. Lo que siguió fue inédito: el proceso alcanzó una amplitud sin precedentes, quedando bajo escrutinio reservas de oro del Banco Central, cuentas bancarias en el exterior, bienes inmuebles, títulos públicos, la participación del 51% en YPF y otras tenencias estatales.
El gobierno argentino resistió como pudo. Burford denunció ante el tribunal que el país “retaceaba” información y no cooperaba plenamente. La tensión escaló hasta que, en enero de 2025, el Estado accedió a entregar parte de la documentación requerida ante la posibilidad de enfrentar consecuencias procesales por incumplimiento.
En ese contexto, la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof se convirtió en un problema adicional de tensión para la defensa argentina. Los demandantes citaron ante la Cámara de Apelaciones declaraciones públicas del gobernador como un recurso argumentativo destinado a reforzar la idea de una conducta estatal reticente y a influir en la valoración del tribunal. El equipo legal del Estado debió aclarar formalmente que Kicillof no integra el gobierno nacional y que sus opiniones políticas no inciden en la estrategia legal de la administración de Javier Milei. En ese sentido, se buscó delimitar con claridad la posición oficial del Estado en el litigio.
En junio de 2025, el caso alcanzó su punto más tenso. La jueza Preska ordenó que Argentina transfiriera el 51% de las acciones de YPF al Banco Mellon de Nueva York como pago parcial de la sentencia, en un plazo de apenas 14 días. Las acciones de la petrolera cayeron más de 5% en pocas horas. La orden era, en la práctica, la expropiación al revés: el Estado podría perder el control de la empresa más estratégica del país.
La intervención llegó en julio de 2025, cuando la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió esa orden. En octubre se celebró la audiencia oral, con 96 minutos de alegatos. El mundo jurídico argentino contenía la respiración.
El 27 de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió por dos votos contra uno revocar la sentencia condenatoria. El argumento central de la revocación fue contundente: los planteos de los demandantes no resultan compatibles con el derecho argentino, y los estatutos sociales no establecen una relación contractual directa entre el Estado y los accionistas minoritarios. En palabras más simples: la jueza Preska había creado una solución jurídica que no existe en el ordenamiento jurídico argentino. El remedio que había impuesto era una ficción legal.
La consecuencia práctica fue inmediata: el proceso de discovery quedó suspendido y todos los activos argentinos dejaron de estar bajo amenaza inmediata de embargo.
El resultado no fue solo legal. Detrás del fallo hubo una estrategia política y diplomática coordinada que marcó un quiebre respecto a los gobiernos anteriores. La Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, conducida por María Ibarzabal Murphy, encabezó un trabajo que revirtió más de una década de derrotas judiciales en Nueva York.
Un elemento relevante en el proceso fue el posicionamiento del gobierno de Estados Unidos: el Departamento de Justicia presentó escritos en apoyo de la postura argentina. El contraste con 2019 es llamativo: en aquel momento el organismo había adoptado criterios menos favorables
a la posición del país, en esta instancia su intervención resultó alineada con los argumentos argentinos. María Ibarzabal Murphy, el Embajador Alec Oxenford y el Canciller Pablo Quirno tuvieron roles activos en la estrategia.
El presidente Milei calificó el resultado como "el mayor logro jurídico de la historia nacional" y responsabilizó a Cristina Fernández de Kirchner y a Kicillof por haber generado el litigio con la expropiación de 2012.
Burford tiene dos caminos posibles: solicitar un “rehearing en banc”, es decir, una revisión por el pleno de la Cámara, o recurrir ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ambas vías son excepcionalmente restrictivas y de baja probabilidad de admisión. En particular, la Corte Suprema selecciona solo una pequeña fracción de los miles de casos que recibe cada año, y tiende a concentrarse en cuestiones de derecho federal, por lo que resulta poco frecuente que intervenga en disputas centradas en la interpretación del derecho societario argentino.
Las acciones de Burford Capital se desplomaron más del 40% al conocerse el fallo. Las de YPF, en cambio, subieron más del 5% el viernes y este lunes avanzaron otro 4,3% al cierre de esta nota.
El caso YPF deja una lección que trasciende a los gobiernos y a las coyunturas: en el mundo actual, las decisiones de política económica no terminan cuando se firman, sino cuando resisten el escrutinio de los tribunales internacionales. Lo que comenzó en 2012 como una medida de soberanía energética estuvo a punto de convertirse en una de las mayores derrotas financieras de la historia argentina. Catorce años después, la reversión del fallo no solo desactiva un riesgo económico crítico, sino que también reabre una discusión de fondo: cómo compatibilizar el interés nacional con el respeto por las reglas jurídicas que rigen en los mercados globales.
