El Ministerio de Capital Humano anunció este lunes que apelará el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que suspendió cautelarmente un conjunto de artículos de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral. La medida judicial fue impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) a través de una acción declarativa contra el Estado Nacional.
El gobierno defiende la reforma
La cartera que conduce el gobierno nacional reafirmó su compromiso con la ley y anticipó que agotará todas las instancias judiciales disponibles para garantizar su plena vigencia. El Ministerio actuará con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación.
En el comunicado, la cartera destacó que la Ley 27.802 fue sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación. La definió como una herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores.
Críticas a los "intereses corporativos"
El Ministerio también lanzó un mensaje político claro. Rechazó los intentos de quienes, según el comunicado, priorizan intereses corporativos y sectoriales por encima de las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento de etapas anteriores.
La referencia apunta directamente a la CGT, que fue quien promovió la acción judicial que derivó en la suspensión parcial de la Modernización Laboral.
Qué es una cautelar y por qué importa
La suspensión dictada por el juzgado es una medida cautelar, es decir, preventiva y provisoria. No implica que la ley sea inconstitucional, sino que el juez consideró necesario frenar su aplicación mientras se analiza el fondo de la causa. El gobierno tiene plazo para apelar y revertir esa decisión en una instancia superior.
