El Gobierno nacional confirmó que este viernes enviará al Congreso un paquete de proyectos de ley que incluye la reforma del Código Penal y una serie de normas vinculadas a la propiedad privada. La decisión forma parte de una estrategia para recuperar la iniciativa legislativa y ocupar el centro del debate parlamentario desde el arranque de las sesiones ordinarias.
La Casa Rosada comunicó la fecha a las autoridades del Congreso, en particular al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La duda que persiste es si los proyectos llegarán de forma individual o como un paquete único, con el objetivo de no dejarle espacio a la oposición para instalar su propia agenda.
Qué incluye el paquete legislativo
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó que el eje será el endurecimiento de las penas en el Código Penal y un conjunto de normas sobre propiedad privada. Dentro de este último bloque se contemplan modificaciones a la ley de expropiaciones, la ley de tierras, la ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio-urbana.
En el caso de la ley de fuegos, el proyecto apuntaría a eliminar la prohibición vigente de cambiar el uso de tierras incendiadas durante entre 30 y 60 años. La medida busca desincentivar los incendios intencionales vinculados a desarrollos inmobiliarios o agropecuarios.
Respecto del Código Penal, la iniciativa contemplaría la incorporación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, con un tratamiento equivalente al de los crímenes de lesa humanidad. El proyecto, que había sido anunciado para las sesiones extraordinarias, quedó finalmente reservado para el período ordinario.
Los proyectos que ya están en el Congreso
Además de las nuevas iniciativas, el Ejecutivo tiene pendientes dos proyectos que ya ingresaron al Palacio Legislativo y aguardan debate. Uno es la modificación de la ley de glaciares, que tiene prevista una audiencia pública para el 25 y 26 de marzo con más de 60.000 inscriptos.
Los otros dos son más sensibles: la reforma de la ley de discapacidad y la modificación de la ley de financiamiento universitario. Ambas normas fueron aprobadas por el Congreso en cuatro oportunidades durante 2025 —incluyendo la ratificación de los vetos presidenciales— y el Ejecutivo las viene incumpliendo.
Universidades y discapacidad: las propuestas del oficialismo
En materia universitaria, el Gobierno propone reemplazar el mecanismo de ajuste salarial por una recomposición del 12,3% en tres tramos —marzo, julio y septiembre—, por debajo de la inflación acumulada y sin actualización trimestral. Además, establece que el presupuesto solo se ajustaría si la variación del IPC supera el 14,3% en el acumulado, con un fondo de apenas $80.000 millones destinado a hospitales escuela.
En el caso de la ley de discapacidad, el oficialismo no brindó detalles específicos, pero confirmó que la modificación busca compatibilizar la norma con el equilibrio fiscal. Para las organizaciones que esperan la aplicación de la ley vigente, eso equivale a un nuevo recorte en las prestaciones.
