El Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado de la Nación un proyecto de ley para reforzar la protección de la propiedad privada y la seguridad jurídica en Argentina. La iniciativa propone modificar varias leyes sancionadas durante el kirchnerismo y abarca desde desalojos por usurpación hasta el régimen de expropiaciones y el acceso de extranjeros a tierras rurales.
Juicio sumarísimo para desalojos y usurpaciones
Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación del juicio sumarísimo para los casos de desalojo de viviendas y propiedades rurales. Esto implicaría tiempos procesales más cortos y eficientes.
En los casos en que el propietario reclame la restitución de un bien usurpado u ocupado por la fuerza, los jueces deberán tramitar el pedido en un plazo de cinco días. La medida alcanza tanto a inmuebles urbanos como rurales.
Expropiaciones: más requisitos y mayores garantías
El proyecto también endurece los requisitos para que el Estado pueda expropiar bienes de terceros. Se exige que la declaración de utilidad pública sea previa a cualquier expropiación, y que cumpla con criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Además, el legislador deberá justificar que la expropiación es el medio menos restrictivo disponible para satisfacer el interés público. Para evitar maniobras que devalúen artificialmente los bienes, el texto fija el valor del inmueble al momento anterior a cualquier intervención estatal que pudiera haber influido en su cotización. También incluye el pago del lucro cesante como parte de la indemnización.
Cambios en leyes emblemáticas del kirchnerismo
El proyecto revisa otras tres normas del período kirchnerista. En materia de regularización de barrios populares, el Gobierno cuestiona que en siete años solo se regularizó el 0,8% del suelo de los barrios populares. Propone descentralizar el régimen y delegar esa facultad en las provincias y municipios.
Sobre el acceso de extranjeros a tierras rurales, se elimina la restricción general por considerarla un desincentivo a la inversión internacional. Solo quedarán bajo control las operaciones en que intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos.
Por último, se elimina la prohibición de 20 años para vender inmuebles rurales afectados por incendios —establecida por la ley de manejo del fuego—, acotando esa restricción únicamente a los terrenos protegidos por la ley de bosques nativos y de defensa de la riqueza forestal.
El fundamento del Ejecutivo
En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que la iniciativa apunta a "eliminar restricciones ilegítimas" que afectan el derecho de propiedad y a profundizar la seguridad jurídica. El texto señala que en los últimos años se sancionaron regulaciones que generaron "limitaciones inconstitucionales".
El proyecto para dar mayor resguardo a la propiedad privada aún no tiene giro a comisiones para su discusión en el Senado.
