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El Senado convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada. La votación terminó 42 a 26. El Gobierno de Javier Milei consiguió los números con La Libertad Avanza y un grupo de bloques aliados. La norma recorta el margen del Estado para avanzar sobre lo que tiene dueño.
Junto al oficialismo votaron la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y Movimiento por Misiones. En la vereda de enfrente quedaron el bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, el Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social.
El camino fue largo. Primero el Gobierno tuvo que sacar del texto los cambios en la Ley de Tierras y en el manejo del Fuego. Después, en Diputados, apareció el temor de que se pudiera derogar el DNU 70/23, y la Ley de Tierras volvió al articulado.
Qué pasa con la Ley de Tierras y la extranjerización
Esa ley, herencia del kirchnerismo, figuraba entre las que el oficialismo quería eliminar. Quedó en pie. Se reafirman los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, y el tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y zonas de frontera.
Esto me deja una sensación doble. La Casa Rosada resignó un punto que quería cambiar y lo hizo para salvar el resto. Poroteo puro, política real. Esta vez alcanzó.
Desalojo exprés en 72 horas para inmuebles usurpados
Lo que sobrevivió de la Ley de Propiedad Privada toca dos normas: la de Expropiaciones y la de Desalojo. La segunda le habla directo a quien hoy tiene un campo o una casa tomada.
El desalojo exprés corre solo para inmuebles usurpados o con tenedores precarios. En esos casos el juez podrá ordenar la entrega inmediata si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.
El propietario tendrá que pedirlo y probar con documentación que es el dueño del terreno, la vivienda o el campo. Con eso, el juez podrá intimar la devolución dentro de las 72 horas.
Para los inquilinos que deben alquileres, los tiempos cambian. El dueño deberá mandar una carta documento y darles al menos 10 días corridos para ponerse al día, contados desde que reciben la notificación. Tiene lógica: un usurpador y alguien atrasado con el pago no están en la misma situación.
Propiedad privada frente al Estado: límites a las expropiaciones
La declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva. El Estado tendrá que fundamentar con claridad por qué avanza sobre un bien. Se termina, al menos en el papel, la utilidad pública usada como comodín.
El dictamen fijó un tope del 30% de indemnización por lucro cesante, algo que el proyecto original no contemplaba. La tasa de interés a pagar será la del Índice de Precios al Consumidor más la tasa a 30 días del Banco Nación.
Escrituras para la vivienda única
El texto también modifica la ley Pierri de regularización dominial. Las familias con posesión pública durante los 10 años anteriores podrán acceder a la escritura de su vivienda única.
La ley de propiedad privada salió más flaca de lo que buscaba el Gobierno. Igual, el mensaje llega claro: el que usurpa pierde la ventaja de los años de trámite judicial, y el Estado va a necesitar algo más que un discurso para quedarse con lo ajeno.