El régimen de Irán ejecutó a Saleh Mohammadi, un deportista de 19 años que integraba la selección juvenil de lucha de su país. Fue luego de acusarlo de participar en los disturbios del 8 de enero de 2026 en la ciudad de Qom. La condena llegó tras un proceso judicial que, según organizaciones de derechos humanos, estuvo plagado de irregularidades.
¿Quién era Saleh Mohammadi?
Mohammadi no era un desconocido en el mundo de la lucha. Había representado a Irán en competencias internacionales, incluida la Copa Saitiev 2024 en Rusia, donde obtuvo la medalla de bronce con la selección iraní. Entrenadores y compañeros lo describieron como un joven sin antecedentes violentos ni vínculo con armas.
La organización United World Wrestling había expresado su preocupación por su situación antes de que se ejecutara la sentencia. Pocas horas antes, el Departamento de Estado de Estados Unidos solicitó formalmente la suspensión de la pena. Ninguna de las dos gestiones fue escuchada.
Un juicio sin garantías mínimas
Según el tribunal, Mohammadi y otros dos acusados —Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi— atacaron con armas blancas a dos agentes de seguridad durante las protestas, causando su muerte. Los tres fueron condenados por moharebeh, figura jurídica iraní que se traduce como "hacer la guerra contra Dios" y que el régimen aplica sistemáticamente en casos de disidencia política.
Mohammadi negó los cargos de forma consistente. Presentó una coartada —sostuvo que estaba en casa de su tío al momento de los hechos— y rechazó haber integrado ningún grupo responsable de la muerte del oficial. Sin embargo, compareció ante los jueces con un abogado de oficio y fue condenado en base a una confesión que él mismo denunció como forzada y al testimonio de testigos cuya identidad nunca fue revelada, lo que impidió cualquier tipo de contrainterrogatorio.
Iran Human Rights (IHR) documentó el caso y señaló que la acusación se apoyó en una supuesta coincidencia con "su cuchillo" como elemento de prueba central.
El contexto de la represión de enero
Las protestas antigubernamentales de enero de 2026 se extendieron por más de 170 ciudades de Irán. Las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica respondieron con una represión que, según la organización HRANA, dejó más de 7.000 personas muertas y cientos de miles de detenidos. Entre las víctimas se cuentan atletas, entrenadores y árbitros.
El caso de Mohammadi no es el primero. En 2020, el también luchador Navid Afkari fue ejecutado pese a las denuncias internacionales y a haber retirado en el juicio su confesión, alegando que había sido obtenida bajo tortura. El paralelismo es inevitable y, para muchos, deliberado.
La reacción del mundo deportivo
Tras la ejecución, más de 200 atletas iraníes enviaron cartas al Comité Olímpico Internacional exigiendo mayor rendición de cuentas. Las cartas señalan a altos funcionarios dentro de las estructuras olímpicas y paralímpicas de Irán, alegando vínculos con la Guardia Revolucionaria.
La activista y atleta Nima Far fue contundente: afirmó que el Estado iraní usa el deporte para propagar el miedo y que organismos como el COI apostaron por una "diplomacia discreta" que demostró ser completamente ineficaz frente a un régimen que en 2025 ejecutó a 1.500 personas, un aumento del 50% respecto al año anterior, según datos de la ONU.
H2: Un número que no para de crecer
Irán es hoy uno de los países con mayor tasa de ejecuciones del mundo. Los datos de la ONU para 2025 confirman esa tendencia al alza. El caso de Mohammadi no es una excepción: es la expresión más visible de un patrón que las organizaciones de derechos humanos llevan años documentando y que la comunidad internacional, hasta ahora, no ha logrado frenar.
