El Gobierno nacional presentó el proyecto de Ley Hojarasca para eliminar normas que llevan décadas sin cumplir ninguna función real. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, apunta a simplificar un sistema legal que, según el diagnóstico oficial, se volvió complejo, costoso y contradictorio.
Un sistema legal que nadie puede descifrar
La propuesta parte de un problema concreto: Argentina acumuló a lo largo de su historia un volumen enorme de normas que ya no tienen vigencia práctica pero siguen formalmente en pie.
Muchas de ellas fueron dictadas bajo gobiernos de facto o en contextos históricos completamente superados. Aun así, permanecen en el digesto jurídico, generando incertidumbre y costos innecesarios para ciudadanos y empresas.
El resultado es un sistema donde, en los hechos, casi nada parece permitido sin autorización previa. Esto invierte el principio constitucional básico: todo aquello que no está prohibido, está permitido.
Qué normas apunta a derogar la Ley de Hojarasca
El proyecto agrupa las normas a eliminar en seis categorías. Entre los casos más llamativos figuran una ley de 1864 que prohíbe castigos corporales ya vedados por la Constitución Nacional, y una norma del siglo XIX que incentivaba la explotación de carbón.
También se incluye una ley de 1973 que exige aprobación del Congreso para innovaciones en la transmisión televisiva, en un contexto donde dominan las plataformas digitales y el streaming.
Otro bloque apunta a normas que afectan libertades individuales. Se trata de leyes dictadas en épocas autoritarias que habilitan controles sobre la prensa, regulan reuniones privadas o establecen sanciones contra quienes promuevan demandas al Estado argentino.
Burocracia y derechos bajo la lupa
El proyecto también identifica disposiciones que vulneran derechos fundamentales desde una perspectiva sanitaria. Entre ellas, la ley 22.964, que permite la internación obligatoria de personas con lepra, o el requisito del llamado "carnet de mochilero".
A esto se suman regulaciones que imponen trámites innecesarios y sostienen estructuras administrativas que ya no existen o refieren a procesos que nunca se concretaron.
El objetivo final de la iniciativa es reducir la carga burocrática, devolver libertades que estas normas restringen en la práctica y ordenar un digesto jurídico que creció sin control durante décadas.
