La diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para prohibir el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la Argentina. La iniciativa busca reformar la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y cuenta con el respaldo de 14 legisladores del espacio libertario.
El texto propone eliminar la posibilidad de que los presos tengan, usen, comercialicen o introduzcan dispositivos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios. Quedarían prohibidos los teléfonos celulares, tarjetas SIM, módems, routers portátiles y cualquier otro dispositivo apto para transmitir voz, datos o acceder a redes de comunicación.
Qué podrán usar los internos
El proyecto no elimina por completo el acceso a la tecnología. Los internos podrán utilizar equipamiento informático instalado y autorizado por la autoridad penitenciaria. Pero únicamente en el marco de programas educativos, laborales o de reinserción social, y bajo condiciones de uso controlado.
Por qué se impulsa la prohibición
Giudici fundamentó el proyecto en el uso delictivo que se hace de los celulares desde adentro de los penales. Según la diputada, los dispositivos se usan para cometer estafas virtuales, liderar bandas de crimen organizado, planificar atentados y acceder de manera ilícita a cuentas bancarias y billeteras virtuales.
Como antecedente, la legisladora recordó que en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, una reforma a la ley ya había establecido la prohibición de comunicaciones por teléfono móvil y dispuesto la instalación de inhibidores en los pabellones.
La pandemia como punto de quiebre
A partir de 2020, la entonces interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós, autorizó el uso de celulares en las cárceles. La medida fue justificada por la pandemia de COVID-19 y la suspensión de visitas, pero generó controversia por la falta de control sobre líderes narcos y organizaciones criminales.
Giudici reconoció que existen resoluciones judiciales y del Ministerio Público Fiscal que ya ordenaron la prohibición, pero subrayó que es necesario plasmarla en una ley de carácter general, complementaria del Código Penal.
El caso que reavivó el debate
La diputada citó un hecho reciente que volvió a instalar el tema en la agenda pública: el suicidio del soldado Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos, a fines de 2025. La investigación derivó en la detención de tres mujeres acusadas de extorsionarlo a través de aplicaciones digitales, y de otros tres hombres que operaban desde los penales de Magdalena y Olmos, dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense.
El proyecto fue firmado por los diputados Nicolás Mayoraz, Laura Rodríguez Machado, Damián Arabia, Sergio Figliuolo, Marilú González Estevarena, Patricia Holzman, César Treffinger, Patricia Vázquez, Alejandro Fargosi, Alejandro Bongiovanni, Carlos Zapata, Mercedes Llano, Álvaro Martínez y Giselle Castelnuovo.
