Una nueva batalla judicial y legislativa se despliega en Estados Unidos. Varios estados con mayoría demócrata avanzan con leyes para prohibir que los agentes federales de inmigración se cubran el rostro durante los operativos. El gobierno de Donald Trump ya advirtió que no acatará las restricciones.
La discusión llegó para quedarse.
El disparador: California y un fallo que abrió la puerta
Todo comenzó el año pasado cuando el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, promulgó la primera ley del país que prohibía a los agentes federales cubrirse el rostro. La norma fue impugnada por la administración Trump y un juez federal la bloqueó en febrero, al considerar que discriminaba a los funcionarios federales respecto de los estatales.
Pero el fallo no cerró el debate. Lo relanzó.
El efecto dominó en los estados demócratas
El estado de Washington fue el primero en tomar nota. Su gobernador demócrata, Bob Ferguson, estaba listo para firmar una nueva ley que, a diferencia de la californiana, aplica la restricción a todos los agentes del orden —federales, estatales y locales— para esquivar el argumento de discriminación.
Legislaturas demócratas de Oregon y Virginia también aprobaron normas similares. Y proyectos parecidos avanzaron en Hawaii, Maryland y Vermont. En total, desde el año pasado, legisladores demócratas en más de 30 estados presentaron iniciativas en esa línea.
La respuesta del gobierno de Trump
El Departamento de Seguridad Nacional no tardó en responder. Calificó la ley de Washington de "irresponsable, temeraria y peligrosa" y fue contundente: no la acatarán.
La administración Trump sostiene que las máscaras protegen a los agentes y sus familias de posibles represalias. Algunos manifestantes que se enfrentaron a los agentes de inmigración también usaron coberturas faciales, lo que complejiza el debate.
Un debate con dos caras
Los impulsores de las leyes argumentan que un agente enmascarado genera miedo e impunidad. Javier Valdez, senador demócrata de Washington, lo resumió así: si sos un funcionario del orden, el público merece saber quién sos.
Del otro lado, legisladores republicanos advierten que las normas exponen a los agentes a riesgos reales. En Oregon, el senador David Brock Smith votó en contra y alertó sobre individuos que publican datos personales de los agentes de seguridad.
¿Constitucional o no?
La cuestión jurídica sigue abierta. La estrategia de Washington —extender la prohibición a todos los agentes, sin distinción— busca blindarse legalmente frente al argumento que tumbó la ley californiana. Si resiste en los tribunales, podría convertirse en el modelo que repliquen otros estados.
Lo que está claro es que la ofensiva demócrata contra las políticas migratorias de Trump encontró un nuevo frente: ya no solo en las calles o en el Congreso, sino también en los rostros de quienes ejecutan las deportaciones.
