La provincia de Buenos Aires de Kicillof, la más gravosa: encabeza el ranking de voracidad fiscal
Un relevamiento anual de la consultora KPMG a más de 80 especialistas impositivos de empresas medianas y grandes dejó un diagnóstico contundente: Argentina tiene un problema fiscal serio, y su epicentro está en las provincias. La más señalada es la provincia de Buenos Aires, que encabeza por segundo año consecutivo el ranking de mayor presión impositiva del país.
El informe mide el impacto de los impuestos en la actividad económica. Sus resultados exponen una realidad que el gobierno de Axel Kicillof prefiere ignorar.
Ingresos Brutos: el impuesto que más daño hace
El tributo más cuestionado es Ingresos Brutos, señalado por el 60,8% de los encuestados como el que más encarece productos y servicios. Es un impuesto "en cascada": se aplica en cada etapa de la cadena productiva y distorsiona los costos mucho más de lo que sugieren sus alícuotas.
La cifra creció seis puntos respecto al año anterior. Y la distancia con el segundo impuesto más rechazado es brutal: el IVA, de alcance nacional, apenas alcanzó el 12,16%.
Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG, fue directo: sin una reforma que apunte a Ingresos Brutos, cualquier intento de mejora fiscal estructural estará condenado al fracaso.
El podio de la presión: Buenos Aires, Misiones y CABA
Por presión impositiva total, el ranking lo encabeza la provincia de Buenos Aires, seguida por Misiones y la Ciudad de Buenos Aires. Córdoba y Tucumán completan el Top 5.
No es solo un número. ARBA, la agencia recaudadora bonaerense, obtuvo la calificación más baja entre todos los organismos evaluados: 3,93 sobre 10 en objetividad fiscal. Un verdadero aplazo.
Mientras tanto, el Ministerio de Economía de la Nación fue reconocido como el interlocutor más receptivo ante los planteos del sector privado. Por ahora, menos inversiones y trabajo formal.
Desinversión y saldos a favor: el costo oculto del modelo
Los números sobre inversión son igual de preocupantes. El 35% de las empresas consultadas afirmó que el marco fiscal las obligó a desinvertir en 2025. Solo el 4% pudo expandir sus inversiones, tres puntos menos que el año anterior.
A eso se suma otro dato revelador: el 83,8% de las empresas tiene saldos a favor del fisco por retenciones en exceso de Ingresos Brutos. Es decir, el Estado cobró de más y las empresas financian involuntariamente al fisco provincial.
Sin reforma a la vista
El panorama fiscal de Kicillof hacia adelante no es alentador. El 88,4% de los encuestados no percibe ninguna voluntad de las provincias para reformar la coparticipación ni los gravámenes locales. El 57,9% cree que la presión fiscal se mantendrá igual durante 2026.
Aun así, el 81,2% sostuvo que mantendrá sus planes de inversión, y un 8,7% proyecta incluso aumentarlos. Una resiliencia que contrasta con la inacción de los gobiernos provinciales.
La demanda del sector privado es clara y se repite año a año: reducir o eliminar Ingresos Brutos y avanzar en simplificación tributaria. Señales que, desde la Provincia, siguen sin encontrar eco.
