Un atentado ocurrido el sábado dejó 20 muertos y 36 heridos en una carretera del suroeste de Colombia, cuando faltaba poco más de un mes para las elecciones presidenciales. El episodio es el más grave de una oleada de violencia que no tiene precedentes recientes en el país.
La explosión detonó en un autobús que circulaba por la Carretera Panamericana en el municipio de Cajibío, departamento del Cauca. Los atacantes detuvieron el tráfico bloqueando la carretera con un autobús y otro vehículo antes de activar el artefacto.
Una escalada sin precedentes
Desde el viernes pasado se registraron al menos 22 ataques en varios municipios del Cauca y del Valle del Cauca, atribuidos al autodenominado Estado Mayor Central bajo el mando de alias Iván Mordisco, un grupo residual de las extintas FARC.
La violencia incluyó ataques con explosivos contra bases militares, incineración de vehículos y colocación de cilindros bomba en rutas de alto tránsito. Las disidencias llegaron al punto de intentar atacar el radar de navegación aérea de Santana, en El Tambo, Cauca, clave para las comunicaciones aéreas de la región.
La respuesta del gobierno de Petro
El presidente Gustavo Petro calificó el ataque como terrorista y declaró: "Quienes perpetraron este ataque son terroristas, fascistas y narcotraficantes". El ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció una ofensiva en la región con el envío de ocho pelotones adicionales, dos blindados y sistemas de drones para mejorar la vigilancia del territorio.
La embajada de Estados Unidos en Bogotá también se pronunció y expresó solidaridad con las víctimas, condenando los ataques.
El contexto electoral que lo agrava todo
La seguridad es uno de los temas centrales de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Diversos candidatos han denunciado amenazas de muerte y realizan su campaña bajo estrictas medidas de seguridad.
Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, los grupos ilegales compiten en Colombia por las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Las negociaciones impulsadas por Petro se rompieron en 2024 luego de un ataque contra la comunidad indígena Nasa en Toribío. Desde entonces, la guerra contra Mordisco y sus estructuras es frontal —aunque los resultados están lejos de ser los esperados.
