La diputada nacional Silvana Giudici presenta un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para prohibir de manera expresa la tenencia, uso y comercialización de celulares y dispositivos de comunicación en las cárceles argentinas. La iniciativa modifica la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
El proyecto incorpora un nuevo artículo 79 bis que prohíbe los teléfonos celulares, tarjetas SIM, módems, routers portátiles y cualquier dispositivo apto para transmitir voz, datos o acceder a redes de comunicación dentro de los establecimientos penitenciarios.
La única excepción contemplada es el equipamiento informático autorizado por la autoridad penitenciaria en el marco de programas educativos, laborales o de reinserción social, bajo condiciones de uso controlado.
Estafas, extorsiones y crimen organizado desde los penales
Los fundamentos del proyecto describen un panorama preocupante. El uso de celulares en las cárceles se convirtió en una herramienta para cometer delitos desde el interior de los penales: estafas virtuales, extorsiones, manejo de organizaciones criminales, amenazas y acceso ilícito a cuentas bancarias.
El documento recuerda que en 2017 se sancionó la Ley 27.375 para prohibir las comunicaciones telefónicas móviles y disponer la instalación de inhibidores. Sin embargo, a partir de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, la entonces interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós, autorizó el uso de celulares en las cárceles con la justificación de la pandemia de COVID-19.
Casos emblemáticos que impulsan la reforma
Entre los antecedentes mencionados en el proyecto figuran hechos de público conocimiento. Un caso de 2020 en la cárcel de Batán, donde un padre e hijo intentaron extorsionar a un vecino de Balcarce haciéndose pasar por un comisario. También el caso de Ariel Cantero, líder de la banda Los Monos, que en marzo de 2022 operaba desde el penal.
Este último caso derivó en investigaciones donde la propia ex interventora Garrigós se encuentra imputada por presunta omisión de controles.
En un hecho más reciente, a fines de 2025, el soldado Rodrigo Gómez se suicidó en la Quinta de Olivos tras ser víctima de una extorsión sexual liderada por detenidos que operaban desde los penales de Magdalena y Olmos, dependientes del servicio penitenciario bonaerense.
Nuevas faltas graves para los internos
El proyecto también modifica el artículo 85 de la Ley 24.660 para incorporar como faltas graves la posesión, ocultamiento, facilitación, introducción o tráfico de dispositivos electrónicos o de comunicación no autorizados. Se suma como nueva falta el intento de acceder a servicios de comunicación digital o internet por fuera de los sistemas controlados por la autoridad competente.
La diputada Giudici sostiene que es necesario plasmar esta restricción en una ley de carácter general. Hasta el momento las regulaciones dependieron de decisiones administrativas o coyunturales que resultaron insuficientes.
