La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivió una jornada intensa en el Salón Montevideo, donde se conformaron cuatro comisiones permanentes y se eligieron sus respectivas autoridades.
La legisladora Sandra Rey, de La Libertad Avanza, tuvo un protagonismo destacado en la sesión.
Sandra Rey, al frente de la Comisión de Cultura
La Legislatura Porteña designó a la diputada libertaria como presidenta de la Comisión de Cultura, luego de haber ocupado la vicepresidencia de ese mismo espacio el año anterior.
"Es transversal a cualquier partido, en la que tratamos de buscar consensos", señaló Rey tras su elección.
La legisladora también destacó la importancia cultural de la Ciudad de Buenos Aires. "Buenos Aires fue nombrada como la ciudad más linda del mundo y es un faro cultural muy importante. Creo que vamos a poder lograr cosas lindas", afirmó.
La comisión sesionará los martes de manera alternada, cada 15 días, a las 11 horas. La dirección quedó a cargo de Rodrigo Devita.
Rey también integra la Comisión de Ambiente
Además de presidir Cultura, la Legislatura designó a Sandra Rey como vicepresidenta segunda de la Comisión de Ambiente, que encabeza el legislador Alejandro Grillo (Fuerza por Buenos Aires).
Los integrantes de esa comisión coincidieron en que la sanción del Código Ambiental es una prioridad y la calificaron como "una deuda histórica de la Ciudad".
Grillo detalló que se trabajará en innovación, sustentabilidad, energías renovables, cooperativas de recicladores y gestión integral del ambiente.
Discapacidad y Defensa de Consumidores
El legislador Sebastián Nagata (Confianza y Desarrollo) quedó al frente de la Comisión de Discapacidad y adelantó que funcionará como "un espacio abierto para escuchar y encontrar las mejores respuestas".
Por su parte, Leandro Santoro (Fuerza por Buenos Aires) asumió la presidencia de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios. El vicepresidente primero, Guillermo Suárez (Ciudadanos Unidos/UCR), adelantó que el foco estará en mejorar la calidad de los servicios públicos y evitar que las empresas avasallen los derechos de los consumidores.
