La abogada Agostina Páez, detenida en Brasil bajo acusación de racismo, emitió un pedido público de disculpas tras un cambio en su estrategia legal. Su defensora, Carla Junqueira, explicó los motivos del giro y confirmó gestiones diplomáticas para lograr que la joven regrese a Argentina.
El cambio de estrategia
Páez publicó un mensaje reconociendo su error: "Tuve una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias. Pido disculpas a quien pueda haberse sentido ofendido", expresó en un audio.
Junqueira explicó que la defensa anterior le recomendaba no pedir disculpas para evitar que se interpretara como una admisión del delito. Sin embargo, la nueva estrategia cambia esa postura.
"Hay un video, el video se viralizó, el gesto está, es incuestionable. Cometió un error, tiene que pagar las consecuencias", sostuvo la letrada en diálogo con Radio Mitre.
La situación legal actual
Páez permanece bajo vigilancia con una tobillera electrónica y sin poder regresar al país. Junqueira argumentó que esta situación ya constituye en sí misma una sanción anticipada.
"Ya está pagando desde el minuto uno con privación de libertad, por la tobillera y no poder volver a su país", señaló la abogada, quien además mencionó como precedente el caso de jugadoras de River detenidas en Brasil por hechos similares en 2024, quienes pudieron regresar a Argentina mientras continuaba el proceso.
El objetivo de la nueva defensa es que Páez pueda regresar a Santiago del Estero con monitoreo electrónico, respondiendo al proceso judicial desde Argentina.
Gestiones consulares
Este jueves, Junqueira se reunirá con el cónsul general argentino en Río de Janeiro, Jorge Enrique Perren, para solicitar que Argentina garantice ante la Justicia brasileña el cumplimiento de la persecución penal.
"Para que ella pueda volver, el cónsul necesita algo que viene de más arriba, de cancillería", indicó la defensora, destacando que la situación "supera la asistencia consular".
El marco legal en Brasil
La complejidad del caso se agravó tras la sanción de la Ley 14.532 en 2023, que equiparó la injuria racial al delito de racismo. Esto convirtió una figura antes excarcelable mediante fianza en un delito imprescriptible, con penas de entre 2 y 5 años de reclusión.
Junqueira fue categórica al respecto: "Brasil permite varios crímenes que quedan impunes, pero el racismo no".
