Italia atraviesa una de sus crisis de gobierno más resonantes de los últimos años. La primera ministra Giorgia Meloni enfrenta un desafío inesperado dentro de su propio gabinete, a días de haber sufrido un golpe en las urnas que reavivó tensiones internas que parecían dormidas.
El detonante fue el rechazo ciudadano a la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo en el referéndum del 22 y 23 de marzo. El resultado en las urnas no solo expuso una fractura con el electorado: encendió una disputa interna que derivó en dimisiones, presiones cruzadas y un enfrentamiento público que la premier no logró resolver en privado.
Las primeras caídas
La reacción de Meloni fue inmediata. Consciente del costo político de la derrota, decidió avanzar contra funcionarios con problemas judiciales. Los primeros en salir fueron el subsecretario de Justicia, Andrea Delmastro, y la jefa de gabinete del mismo ministerio, Giusi Bartolozzi.
Delmastro había sido condenado en primera instancia por revelar información confidencial. Bartolozzi, por su parte, estaba bajo investigación por presuntas irregularidades vinculadas a la liberación de un militar libio buscado por la Corte Penal Internacional. La premier agradeció sus renuncias como un gesto de "responsabilidad institucional" y apuntó de inmediato a la siguiente figura en la mira.
El desafío de Santanchè
La ministra de Turismo, Daniela Santanchè, no cedió. Lejos de seguir el ejemplo de sus colegas, se presentó a trabajar con normalidad en su despacho en Roma y fue contundente: "Me quedo. La Constitución está de mi lado".
Santanchè enfrenta causas judiciales por presunta falsedad contable y quiebra fraudulenta vinculadas a su empresa Visibilia, además de acusaciones por estafa a la seguridad social. Sin embargo, sostiene que su situación es menos grave que la de los funcionarios que ya dimitieron y niega que su permanencia haya influido en el resultado del referéndum.
Meloni intentó resolver la situación en privado. Ante el fracaso de esas gestiones, optó por hacer pública su exigencia a través de un comunicado oficial —una medida poco habitual que evidenció la magnitud de la crisis.
Un límite institucional que complica todo
El conflicto reveló una particularidad del sistema político italiano que hoy opera en contra de la premier: el jefe de Gobierno no tiene la potestad directa de destituir a sus ministros. Esa facultad recae en el presidente de la República, Sergio Mattarella.
Recurrir a Mattarella para forzar la salida de Santanchè implicaría reconocer públicamente que Meloni no controla su propio gabinete, con un costo político difícil de absorber. El presidente del Senado, Ignazio La Russa, cercano a la ministra, podría cumplir un rol clave en las negociaciones, aunque por ahora no hay señales de una solución inminente.
La presión desde la oposición
La oposición aprovechó el momento. Ya impulsa una moción de censura contra Santanchè en el Parlamento, lo que coloca a la mayoría oficialista ante un dilema sin salida fácil: apoyar la destitución y profundizar la crisis, o sostener a la ministra y asumir el costo electoral.
Desde sectores opositores ya apuntan directo a la figura de Meloni. "Es increíble que ni siquiera el primer ministro pueda destituir a un ministro", señalaron, buscando instalar la imagen de un liderazgo debilitado.
El Ejecutivo italiano, que hasta hace poco se presentaba como uno de los más estables del continente, enfrenta hoy un escenario distinto. El rechazo a la reforma judicial fue interpretado como un freno a los intentos del gobierno de avanzar sobre el sistema judicial, en un contexto de tensión acumulada con la magistratura. La imagen de solidez se resquebrajó, y la permanencia de Santanchè amenaza con convertirse en el símbolo de esa fractura.
