Argentina obtuvo el viernes 27 de marzo un fallo favorable en el largo juicio iniciado por el Grupo Petersen —los Eskenazi— por la expropiación de YPF. Una victoria judicial que, sin embargo, no puede desligarse de la cadena de decisiones políticas que la hicieron necesaria.
Todo empezó con una "venta" forzada
A principios de los 2000, el kirchnerismo obligó a Repsol a ceder el 25% de YPF al Grupo Petersen, familia Eskenazi, dueña del Banco de Santa Cruz. La operación tenía una particularidad llamativa: los Eskenazi no pagaron con dinero propio. El acuerdo contemplaba que el pago se haría con los dividendos futuros que generara la propia compañía.
Lo que siguió fue predecible. Los Eskenazi aceleraron el retiro de utilidades de YPF para honrar esa deuda consigo mismos. Mientras tanto, el gobierno kirchnerista mantenía pisados los precios de los combustibles, lo que deprimía la rentabilidad de la empresa y complicaba el esquema.
La muerte de Néstor y las preguntas sin respuesta
Con la muerte de Néstor Kirchner, el esquema se volvió más opaco. Nunca quedó del todo claro si la participación de los Eskenazi era realmente de ellos o si existía algún acuerdo por detrás con el expresidente fallecido. Una pregunta que la política argentina prefirió no hacerse.
La expropiación de Cristina y Axel
En 2012, Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como artífice intelectual de la operación, expropió YPF. El Estado indemnizó a Repsol, pero no así al Grupo Petersen. Los Eskenazi, que habían ingresado al negocio por la puerta que el propio kirchnerismo les abrió, quedaron afuera sin compensación.
El resultado fue inevitable: el Grupo Petersen demandó al Estado argentino ante la justicia estadounidense. Un juicio entre partes que habían construido juntas un esquema de dudosa transparencia, y que ahora se disputaban las consecuencias.
Milei, la alianza con Estados Unidos y el amicus curiae
El contexto cambió radicalmente con la llegada de Javier Milei a la presidencia. El realineamiento de Argentina con Estados Unidos —construido con gestos concretos en foros internacionales— tuvo su correlato judicial. El 13 de marzo de 2026, el gobierno de Estados Unidos se presentó como amicus curiae a favor de Argentina en el caso.
Una señal política de enorme peso que no pasó desapercibida.
El fallo y la reacción mediática
El viernes 27 de marzo de 2026, la Cámara falló a favor de Argentina. Una victoria que debería haber generado análisis sobre las causas profundas del conflicto.
En cambio, parte del periodismo kirchnerista optó por un ejercicio diferente: reivindicar a Axel Kicillof, el mismo funcionario que diseñó la expropiación que derivó en el juicio. Una paradoja que dice más sobre el estado del debate público argentino que sobre el mérito del fallo.
Lo que el fallo no borra es la historia: YPF llegó a ese juicio porque el kirchnerismo construyó un esquema que benefició a sus propios aliados, deprimió la empresa con precios pisados y luego expropió sin pagar a quienes él mismo había incorporado al negocio.
