La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este miércoles con el fin de tratar el proyecto de Súper RIGI, una de las iniciativas más ambiciosas del Gobierno nacional en materia de captación de inversiones. El texto busca crear un régimen de promoción para sectores tecnológicos e industriales considerados estratégicos, con beneficios garantizados por 30 años y un umbral mínimo de inversión de u$s 1.000 millones.
El proyecto también contempla el tratamiento del acuerdo de pago a dos fondos buitre por u$s 171 millones, correspondientes a bonos del 2001, cuyo plazo judicial vence el 30 de junio.
Qué propone el Súper RIGI en Diputados
A diferencia del RIGI vigente, el nuevo régimen apunta exclusivamente a actividades que no tienen desarrollo comercial en el país o que se encuentran en etapa experimental. Los sectores alcanzados incluyen inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, fabricación de baterías de litio, hidrógeno de bajas emisiones, pequeños reactores nucleares, vehículos eléctricos, nuevos desarrollos petroquímicos y tecnología aeroespacial.
Para acceder, los proyectos deberán canalizarse a través de un vehículo exclusivo y comprometer al menos el 20% de la inversión total en los primeros dos años. Quienes ya ingresaron al RIGI tradicional no podrán migrar automáticamente al nuevo esquema, y tampoco podrán hacerlo proyectos orientados a instalaciones preexistentes.
Los beneficios previstos para los inversores
El régimen contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, exenciones en derechos de exportación e importación para bienes vinculados a cada proyecto, y un acceso más flexible al mercado de cambios.
A eso se suma un mecanismo de resolución de controversias orientado a dar mayor seguridad jurídica a los inversores extranjeros. El Ejecutivo sostiene que la escala de estos emprendimientos exige reglas de largo plazo para competir con otros países en la captación de capital para industrias de vanguardia.
Las adhesiones y la oposición del kirchnerismo
Desde su redacción original hasta la versión dictaminada, el proyecto sufrió ocho modificaciones vinculadas a incentivos de inversión y registraciones. El dictamen reunió 61 firmas provenientes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y aliados provinciales.
La principal resistencia provino de Unión por la Patria, que también se opuso al dictamen sobre el pago a los fondos buitre Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund. Este último proyecto ya obtuvo media sanción del Senado con 40 votos a favor y 22 en contra.
Las provincias también deben adherir
El texto establece que las provincias y municipios deberán adherir expresamente al régimen para que los proyectos radicados en sus territorios accedan a los beneficios nacionales. El objetivo es garantizar un marco regulatorio homogéneo que evite que normas locales alteren las condiciones ofrecidas a los inversores.
Con ambas iniciativas en el temario, el oficialismo busca en Diputados dar una señal clara al mercado internacional: Argentina compite por inversiones de gran escala y avanza en la regularización de deudas pendientes del pasado.
