La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires analiza un proyecto de ley para crear una bolsa unificada de pasantías estatales. La iniciativa, impulsada por la diputada Ayelén Rasquetti del bloque Fuerza Patria, plantea beneficios económicos, créditos fiscales y aportes directos del Estado, pero no especifica de dónde saldrán los recursos para financiarla.
Una promesa sin respaldo presupuestario
La propuesta busca centralizar las prácticas académicas en la administración pública provincial a través de una plataforma digital y una autoridad de aplicación con un directorio de siete miembros. El sistema incluiría un Régimen Provincial de Promoción de Empleo Joven orientado a jóvenes de entre 18 y 25 años, con incentivos tanto para los pasantes como para los empleadores que participen.
El problema es que el texto no detalla el origen concreto de los fondos necesarios para sostener esta estructura. En una provincia que arrastra una crisis fiscal crónica, esa omisión no es un detalle menor.
Buenos Aires, una provincia en números rojos
La provincia de Buenos Aires es una de las jurisdicciones con mayor déficit del país. Su administración depende en buena medida de transferencias nacionales y enfrenta dificultades recurrentes para cumplir con sus obligaciones básicas. Crear un nuevo organismo con directorio propio, plataforma tecnológica y subsidios asociados implica un gasto concreto que el proyecto no justifica.
El propio texto reconoce que la iniciativa deberá pasar por las comisiones legislativas para evaluar su impacto presupuestario. Es decir, ni siquiera en la etapa de presentación se hizo el ejercicio mínimo de estimar cuánto costaría.
Más Estado como respuesta al empleo joven
La diputada Rasquetti defendió la iniciativa señalando que las pasantías "permiten aplicar conocimientos en un entorno real y generar contactos". Nadie discute el valor de la experiencia profesional. La pregunta es si la solución debe pasar, una vez más, por expandir la estructura del Estado provincial.
En lugar de reducir la carga impositiva que dificulta la contratación en el sector privado, el proyecto apunta a incorporar jóvenes en la administración pública, financiado con créditos fiscales y aportes estatales cuyo costo final es, por ahora, una incógnita.
El debate en comisiones dirá si hay voluntad de responder esa pregunta antes de avanzar.
