La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó este martes que el Gobierno nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Esto implica actualizar los salarios docentes, las becas y los programas de investigación. La resolución responde a una demanda presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y varias universidades.
Una ley aprobada con amplísimo respaldo legislativo
El tribunal, integrado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, hizo lugar a la demanda y recordó que la ley 27.795 fue aprobada por el Congreso. Posteriormente fue confirmada por dos tercios de los votos, incluso después de que el Poder Ejecutivo la vetara en su totalidad.
A pesar de eso, el Gobierno resolvió suspender su ejecución mediante un decreto. Su argumento fue que era necesario definir previamente las fuentes de financiamiento en el presupuesto.
La Justicia rechaza los argumentos del Ejecutivo
Los camaristas fueron contundentes: señalaron que la Ley de Administración Financiera no tiene una jerarquía normativa superior al resto de las leyes que dicta el Congreso. Esto derrumba el fundamento legal del decreto suspensivo.
Además, el fallo destacó que el juez de primera instancia ya había advertido que no existía afectación al interés público. Por el contrario, subrayó que es el incumplimiento de la norma el que vulnera el derecho constitucional a enseñar y aprender.
La lógica jurídica detrás del fallo
La cámara también destacó que el propio Ejecutivo reconoció la existencia y vigencia de una norma legal, y que, como tal, debe ser respetada en virtud del principio de juridicidad.
El Gobierno deberá ahora definir cómo instrumenta el cumplimiento de la ley. En un contexto en el que el ajuste del gasto público sigue siendo uno de los pilares del programa económico de Javier Milei.
