La diputada nacional Lilia Lemoine presentó una denuncia penal contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por el gasto de USD 50 millones en pauta oficial durante un año, mientras el gobierno bonaerense acumulaba deudas con médicos del IOMA y con el hospital Garrahan. La causa ya está en curso bajo el número IPP 06-00-021689-26/00, ante la UFIJ N°11 de La Plata.
9.571 órdenes de compra en un año, sin licitación
Según la denuncia, el gobierno de Kicillof emitió 9.571 órdenes de compra en doce meses —un promedio de 26 por día— para distribuir pauta oficial entre medios de comunicación. El proceso no contó con licitación ni con criterios objetivos de asignación.
Más del 50% de ese gasto se concentró en apenas 10 grupos mediáticos afines al gobierno provincial. Entre los beneficiarios, la denuncia señala la existencia de sitios web con contenido generado por inteligencia artificial que cobraron fondos del Estado sin ofrecer audiencia real.
Los denunciados son el propio gobernador Axel Kicillof, la ministra Jesica Rey y la funcionaria Mariana Lopisi. Los cargos incluyen defraudación, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
La segunda causa: libros con contenido inapropiado en escuelas bonaerenses
Lemoine también impulsa una segunda causa relacionada con materiales educativos de ESI distribuidos en escuelas de la provincia de Buenos Aires. Según la legisladora, los libros en cuestión promueven contenido que describe escenas de pedofilia e incesto, y habrían contado con el aval del propio Kicillof.
La causa tramita bajo el número PP-06-00-063942-24-00 ante la Fiscalía N°6 de La Plata. De acuerdo con lo informado por Lemoine, la fiscalía ha mostrado escasa actividad en el expediente, aunque la diputada advirtió que se continúan incorporando pruebas y testimonios.
Un patrón que Lemoine señala como sistemático
La diputada de La Libertad Avanza vincula ambas causas bajo lo que describe como un patrón de gestión: el uso de recursos públicos bonaerenses con fines que, a su entender, combinan corrupción económica y daño institucional.
La denuncia por pauta oficial se produce en un contexto en el que el gobierno provincial enfrentó reclamos de trabajadores de la salud por deudas salariales y con prestadores del sistema IOMA, así como atrasos en pagos al hospital pediátrico Garrahan.
