El Gobierno Nacional lleva más de un año transfiriendo puntualmente los fondos a las universidades nacionales, incrementó el presupuesto universitario para 2026 y mantiene la inflación en niveles que no se veían desde hace años. Aun así, este martes 12 de mayo habrá una nueva marcha. Vale la pena preguntarse por qué.
Un Gobierno que cumple, una ley que no puede aplicarse
La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el Recurso Extraordinario Federal interpuesto por el Ejecutivo en el marco de la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario. La medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional seguirá suspendida hasta que se expida la Corte Suprema.
La razón es de fondo: la ley nació sin financiamiento. Quienes la impulsaron en el Congreso no determinaron de dónde saldrían los recursos. La Ley de Presupuesto N° 24.629 lo prohíbe expresamente. El costo de aplicarla asciende a 1,9 billones de pesos, y cubrirlo implicaría emitir moneda o aumentar impuestos —es decir, más inflación y más pobreza.
Lo que hacían antes y lo que hace el Gobierno ahora
Durante la gestión anterior, las universidades recibían sus transferencias con hasta cuatro meses de retraso, en medio de una inflación que llegó al 211,4% anual. El presupuesto llegaba tarde, licuado por la suba de precios.
Hoy el escenario es radicalmente distinto. Los pagos son mensuales y puntuales. La inflación anual cayó al 31,5%. Y el Presupuesto 2026 fijó la partida universitaria en 4,8 billones de pesos, un incremento real respecto del año anterior.
La marcha que nadie explica bien
Las conducciones universitarias y los sectores que organizan la protesta de este martes no pueden señalar un solo fondo que el Gobierno haya recortado. No pueden mostrar un pago que no haya llegado. Lo que sí pueden hacer —y hacen— es agitar una narrativa: que el Ejecutivo quiere destruir la universidad pública.
Los datos dicen lo contrario. El Gobierno cumple. La marcha responde a una lógica política, no presupuestaria. Y detrás de la causa noble de la educación pública, la oposición encuentra un escenario de movilización que los propios números desmienten.
