La Cámara de Diputados de la Nación podría tener una jornada legislativa cargada la semana próxima. El bloque oficialista solicitó formalmente al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, el llamado a una sesión especial para el miércoles 20 de mayo a las 10, con un temario que supera los diez puntos.
El pedido fue encabezado por el jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, y acompañado por el conjunto del espacio en la Cámara Baja.
Un temario extenso en Diputados
Entre los proyectos que se busca tratar, uno de los que más atención genera es la derogación de legislación considerada obsoleta, popularmente conocida como "Ley de Hojarasca". La iniciativa apunta a limpiar el ordenamiento jurídico de normas que ya no tienen vigencia práctica ni utilidad real.
El resto del temario incluye más de diez iniciativas que el bloque impulsa para la sesión del próximo miércoles.
Qué viene en el Congreso
La convocatoria refleja el ritmo legislativo que el oficialismo pretende sostener en el Congreso. Con la sesión especial solicitada para la semana entrante, La Libertad Avanza busca avanzar en Diputados con su agenda parlamentaria antes del receso invernal.
Qué es la "Ley de Hojarasca"
Se trata de un proyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para derogar normas que acumulan décadas sin cumplir ninguna función real. El diagnóstico oficial señala que Argentina construyó a lo largo de su historia un sistema legal tan complejo y contradictorio que, en la práctica, casi nada parece permitido sin autorización previa, una lógica que invierte el principio constitucional básico de que todo lo no prohibido está permitido.
El proyecto agrupa las normas a eliminar en seis categorías. Incluye desde una ley de 1864 que prohíbe castigos corporales ya vedados por la Constitución, hasta una norma de 1973 que exige aprobación del Congreso para innovar en la transmisión televisiva, en plena era del streaming. También apunta a leyes de épocas autoritarias que habilitaban controles sobre la prensa y regulaban reuniones privadas, entre otras restricciones que el Gobierno considera anacrónicas.
