La diputada Mercedes Llano presentó un proyecto de ley para eliminar los gastos de intermediación en las contrataciones de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) realizadas por el Estado Nacional y organismos públicos.
La iniciativa propone modificar la Ley 26.773. Busca impedir que fondos públicos se destinen al pago de comisiones, honorarios o gastos de comercialización vinculados a intermediarios en licitaciones estatales.
"El Estado debe administrar los recursos públicos con criterios de austeridad, transparencia y eficiencia. No tiene sentido que se sigan financiando costos de intermediación en contrataciones donde el propio Estado cuenta con capacidad técnica para gestionar directamente estos procesos", sostuvo Llano.
Qué prohíbe el proyecto
El texto establece que, en las contrataciones del Estado Nacional, las ART deberán limitar sus presupuestos exclusivamente a costos administrativos y operativos necesarios para la prestación del servicio.
Quedan expresamente prohibidos los gastos vinculados a publicidad, promoción, comisiones u honorarios derivados de intermediaciones. Según la legisladora, se trata de eliminar "sobrecostos innecesarios" que no aportan valor técnico ni mejoran las prestaciones del sistema de riesgos del trabajo.
"Las contrataciones públicas deben priorizar la transparencia y la oferta más conveniente para los contribuyentes, evitando mecanismos que puedan facilitar direccionamientos o gastos injustificados", afirmó.
Fiscalización y sanciones
El proyecto incorpora mecanismos de auditoría a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Para las ART que incumplan la normativa se contemplan multas, suspensión en licitaciones públicas e inhabilitaciones en casos graves o reiterados.
Invitación a provincias
La propuesta también invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen. O, en su defecto, a dictar normas equivalentes en sus propias contrataciones de ART.
La iniciativa de La Libertad Avanza se fundamenta en principios de racionalidad del gasto, transparencia administrativa y protección de los trabajadores, buscando que los recursos se destinen prioritariamente a prestaciones efectivas del sistema.
