El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley para reemplazar la actual Ley de Sociedades Comerciales, vigente desde la época del dictador Alejandro Lanusse. La iniciativa apunta a modernizar el marco legal societario y reducir la intervención del Estado en la organización de las empresas privadas.
El estatuto por encima de la ley
Uno de los cambios centrales del proyecto es que las normas legales pasarán a ser supletorias: el estatuto de cada sociedad tendrá primacía sobre la ley general. Las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva, y los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite.
También se eliminan las trabas burocráticas en los registros. El objeto social podrá ser amplio y plural, sin obligación de conexidad entre actividades. Si el estatuto no consigna objeto, se entenderá que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita.
Digitalización plena y nuevas formas societarias
El proyecto habilita la digitalización completa de las empresas: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución por firma digital y legajo digital público para cada empresa.
Además, la nueva ley regula dos figuras inéditas en el derecho argentino. La Sociedad Automatizada opera mediante algoritmos o inteligencia artificial sin requerir empleados para su funcionamiento ordinario. Las DAO (organizaciones autónomas descentralizadas) son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain. Ambas tendrán personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada.
Más flexibilidad para inversores y empresas
La reforma incorpora instrumentos de inversión convertibles y habilita la renovación automática del plazo de duración de la sociedad. Por defecto, los mandatos de directores y síndicos serán por tiempo indeterminado, salvo que el estatuto disponga lo contrario.
También se simplifica la reorganización empresaria: si una sociedad es titular del 100% de otra, el órgano de administración podrá absorberla directamente, sin trámites adicionales.
Por último, las sociedades podrán someter sus conflictos internos al derecho extranjero y pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la justicia ordinaria.
Un cambio de paradigma
Con esta reforma, el Gobierno busca adaptar el derecho societario argentino a la economía del siglo XXI, reemplazando un régimen construido sobre la desconfianza al sector privado por un marco que prioriza la autonomía y la libertad contractual.
