El Gobierno nacional, a través del presidente Javier Milei, publicó este jueves en el Boletín Oficial la resolución 334/2026 del Ministerio de Seguridad. Este oficializa el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2029. La medida apunta a ordenar y fortalecer la respuesta del Estado ante situaciones de emergencia que pongan en riesgo a la población y sus bienes.
Según el diagnóstico incluido en el documento, el 60% de los eventos registrados en Argentina corresponde a inundaciones. Además concentran el 95% de las pérdidas económicas y de las personas afectadas, de acuerdo con estadísticas del Banco Mundial y la CEPAL.
Un plan elaborado con respaldo técnico
El programa había sido presentado en agosto de 2025 en el ámbito del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. Este organismo es el encargado de centralizar las decisiones en esta materia. Su elaboración fue impulsada por la Secretaría Ejecutiva del consejo y contó con la validación de distintas áreas técnicas, incluida la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad.
El plan se inscribe dentro del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), que exige coordinar acciones entre Nación, provincias, municipios, la Ciudad de Buenos Aires y organizaciones de la sociedad civil.
El documento fija los lineamientos que guiarán la política pública frente a desastres naturales y antrópicos, con foco en anticipar riesgos, reducir impactos y fortalecer la resiliencia social.
Las principales amenazas identificadas
Las regiones del NEA, NOA, el centro del país y el AMBA aparecen como las más expuestas a inundaciones. El relevamiento también identifica otros riesgos significativos: la actividad sísmica —especialmente en Cuyo y el NOA— y la presencia de 39 volcanes activos o potencialmente activos en el territorio nacional. A eso se suman amenazas tecnológicas vinculadas a actividades industriales y al transporte de materiales peligrosos.
Frente a este panorama, el plan pone el acento en la comunicación, la educación y los sistemas de alerta temprana como herramientas centrales para prevenir daños, con especial atención a los sectores más vulnerables.
Equipos permanentes y financiamiento asegurado
El plan prevé la conformación de equipos técnicos permanentes encargados de actualizar diagnósticos, evaluar resultados y ajustar estrategias, con participación de distintos organismos y de la ciudadanía.
El financiamiento estará respaldado por el Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, creado por la Ley 27.287, que destina recursos del presupuesto nacional a proyectos de prevención y mitigación.
El seguimiento del plan quedará a cargo de la Secretaría Ejecutiva del SINAGIR, que deberá presentar informes de avance durante toda su implementación.
