La Justicia Federal dio la razón a las autoridades de la Cámara de Diputados y desestimó una medida cautelar impulsada por organizaciones socioambientales. El objetivo de la acción judicial era obligar a que todas las personas anotadas —más de 70 mil inscriptos— pudieran exponer de forma presencial en la audiencia pública convocada para debatir los cambios a la Ley de Glaciares.
El fallo estuvo a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 5, a cargo del juez Enrique Regueira, quien rechazó la presentación por falta de sustento jurídico suficiente.
Por qué se llegó a la Justicia
El conflicto se originó cuando la cantidad de inscriptos superó ampliamente la capacidad operativa del proceso. Ante esa situación, los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales, José Peluc, dispusieron limitar las intervenciones presenciales a los primeros inscriptos de cada provincia.
Las organizaciones que impulsaron la cautelar argumentaron que esa restricción vulneraba los estándares de participación pública en materia ambiental. Entre los firmantes de la presentación judicial se encontraban la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Greenpeace Argentina.
Qué dijo el juez en su resolución
En los fundamentos del rechazo, el magistrado sostuvo que la parte demandante no logró acreditar con la evidencia necesaria la verosimilitud del derecho invocado para suspender un acto de naturaleza parlamentaria.
El fallo también remarcó que los actos de las autoridades constituidas gozan de una presunción de validez, lo que exige un análisis riguroso antes de dictar medidas precautorias. Según la resolución, la prueba presentada no reveló vicios manifiestos que permitieran calificar la conducta de la Cámara de Diputados como arbitraria o irrazonable.
Cómo podrán participar quienes no expongan en persona
El esquema aprobado por el Congreso contempla alternativas para quienes no hagan uso de la palabra de forma presencial. Esas personas podrán enviar sus ponencias por escrito o adjuntando videos al canal de YouTube oficial de la HCDN, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
El diputado Mayoraz celebró el fallo en sus redes sociales y rechazó lo que consideró un intento de boicot al proceso de participación ciudadana.
