La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires dictó un fallo que redefine las reglas del juego para las plataformas de transporte. Los conductores de Uber, DiDi y Cabify deberán obtener licencia de conducir profesional y contratar seguros específicos para circular en la ciudad.
La sentencia cierra un litigio de larga data entre el Sindicato de Peones de Taxis y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El tribunal hizo lugar al reclamo de los taxistas por lo que define como "omisión ilegítima" del Gobierno en su deber de control y fiscalización sobre las plataformas de transporte.
Plataformas tecnológicas o transporte de pasajeros: qué dijo la Justicia
El punto central del fallo gira en torno a cómo se define la actividad de estas aplicaciones. La Cámara sostuvo que las plataformas no pueden ser consideradas meras intermediarias tecnológicas, sino que constituyen una actividad de transporte de pasajeros dentro del ámbito de la Ciudad.
Para fundamentar la decisión, los jueces citaron jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sostiene que Uber no es simplemente un servicio de la "sociedad de la información", sino que integra un servicio global de transporte.
Esto tiene consecuencias directas. Mientras no exista una ley específica, los conductores de estas plataformas deberán cumplir con los requisitos mínimos del sistema vigente: licencia profesional y seguros para el rodado, el conductor, los pasajeros y la responsabilidad civil.
La desigualdad que señaló el tribunal
Según la sentencia, quedó acreditado que las plataformas operaron durante años sin cumplir con requisitos básicos exigidos al resto del sector, como habilitaciones, seguros o licencias profesionales. Esa diferencia afecta el "equilibrio de las cargas públicas" y también el interés general vinculado a la seguridad vial y de los usuarios.
El fallo también incluyó un eje tributario: se ordenó al Gobierno iniciar los procedimientos para determinar y perseguir el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las plataformas, ya que se verificó que realizan una actividad económica en la ciudad sin estar inscriptas ni pagar impuestos locales.
Desde el gremio de taxistas celebraron la resolución. "Después de tantos años de lucha y reclamos judiciales, la Justicia nos dio la razón", señalaron los referentes del Sindicato de Peones de Taxis, Jorge García y Miguel Soto, quienes impulsaron la causa.
Qué pasa si la Legislatura regula
El fallo aclara que no es rol del Poder Judicial legislar o prohibir las plataformas, sino proteger los derechos vulnerados por la inacción del Estado. Por ello, la equiparación de reglas cesará automáticamente cuando la Legislatura dicte una regulación específica para la actividad.
En otros términos, la pelota quedó en manos del poder político. La sentencia no prohíbe operar, pero obliga al Gobierno porteño a actuar donde —según la Cámara— debió hacerlo desde hace años.
