El Gobierno nacional eliminó 58 resoluciones y disposiciones vinculadas al comercio, la industria, las importaciones y los programas de consumo. La Secretaría de Coordinación de Producción oficializó la medida mediante la Resolución 12/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.
El Ministerio de Economía fundamentó la decisión en la necesidad de terminar con la dispersión normativa que, según el texto oficial, generaba inseguridad jurídica y restringía el libre desenvolvimiento de los ciudadanos en sus actividades.
Las normas eliminadas se dictaron bajo leyes que ya fueron modificadas o derogadas, entre ellas la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y el marco que creó el Observatorio de Precios.
Qué regulaciones quedaron sin efecto
La desregulación abarcó cuatro áreas principales:
Control de precios y consumo. Se eliminaron 30 normativas de los programas Ahora 12 y Cuota Simple que vencieron sin prórroga, la Resolución 355/2022 de control de precios con sus 19 modificatorias, y una norma accesoria de Precios Cuidados.
Intervención triguera. Quedaron sin efecto 22 regulaciones del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), incluyendo las resoluciones 753/2021, 56/2022, 57/2022 y 142/2022.
Educación privada. Se anuló la Resolución 368/2025 que obligaba a los colegios privados a informar anticipadamente sus aranceles, en línea con el Decreto 787/2025 que ya había eliminado la autorización estatal para modificar cuotas.
Comercio exterior y burocracia. Se derogaron normas sobre autorizaciones de importación y regulaciones de información comercial, además de una disposición que duplicaba la atención a adolescentes consumidores.
La Ley Hojarasca avanza en el Senado
Esta desregulación se enmarca en un proceso más amplio. El proyecto oficial denominado Ley Hojarasca, elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y actualmente se debate en el Senado.
La iniciativa propone eliminar más de 70 leyes nacionales que perdieron vigencia práctica o quedaron anacrónicas con el paso del tiempo, bajo el principio de que todo lo que no está expresamente prohibido está permitido.
El proyecto actúa sobre diez ejes: supresión de normas obsoletas, eliminación de redundancias, actualización tecnológica, protección de libertades individuales, reducción burocrática, cierre de entes que ya no funcionan, corte de financiamiento estatal a organismos prescindibles, eliminación de privilegios sectoriales, simplificación del marco legal y desintervención del Estado en los derechos individuales.
Una reforma que avanza por etapas
La Resolución 12/2026 suma un nuevo escalón a la política de desregulación que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión. El nuevo ordenamiento transfiere además la resolución de reclamos de consumo a un único canal especializado, mientras los ministerios mantienen la revisión permanente del entramado reglamentario restante.
