El Gobierno nacional dio esta madrugada un nuevo paso en la disputa por el financiamiento universitario: la Procuración del Tesoro de la Nación, conducida por Sebastián Amerio, presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795).
El argumento central: una ley sin financiamiento
La presentación cuestiona un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que había ordenado aplicar esos artículos y declarado inaplicable el Decreto N° 759/2025. El Ejecutivo sostiene que la medida cautelar es equiparable a una sentencia definitiva y genera un "grave e irreparable perjuicio al Estado".
El argumento de fondo es claro para el oficialismo: la ley es de "imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento". Según el Gobierno, la norma no estableció partidas presupuestarias concretas, y su ejecución requeriría fondos que el Congreso nunca asignó, incluso cuando tuvo la oportunidad de hacerlo al tratar el Presupuesto 2026.
La Corte, un escenario improbable
Dentro del Ejecutivo no hay demasiado optimismo respecto de la respuesta del máximo tribunal. Un alto funcionario fue directo: "La Corte te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan."
Fuentes judiciales advirtieron que no existen muchos antecedentes de fallos de la Corte Suprema que respalden la suspensión de este tipo de medidas cautelares. Si el tribunal no hace lugar al pedido, el Estado quedará obligado a transferir fondos a las universidades nacionales.
$2,5 billones que hoy no existen
Si se agotan las instancias judiciales, el Poder Ejecutivo deberá transferir a las universidades nacionales un total de $2,5 billones. La propia administración reconoce que hoy no cuenta con esos recursos.
"Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata", admitió una fuente del Gobierno.
El impacto acumulado sobre las universidades es significativo. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a las universidades nacionales acumularon una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, mientras que los salarios universitarios perdieron más del 32% de poder adquisitivo frente a una inflación del 280% en el mismo período.
